Las continuas agresiones que sufren los profesionales de la enseñanza y la sanidad suscita, además de las protestas de esos colectivos, el estudio de nuevas medidas que puedan paliar el problema y conocer mejor su origen.

En el plano sanitario, el nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, anunció que la entidad colegial está sopesando crear un observatorio sobre este problema, una iniciativa con la que se pretende conocer "en qué contexto se producen las agresiones, cuál es el perfil del agresor y del médico agredido y discriminar mejor las causas que están detrás de cada agresión".

En una entrevista a Europa Press, Sánchez Luque advirtió de que el número de agresiones denunciadas representan "sólo la punta de un iceberg, ya que su número real es mucho más elevado", motivo por el que justificó la creación de un órgano de este calado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) envió una aclaración a la Fiscalía Superior de Andalucía para especificar que la calificación del delito de atentado contra la autoridad sólo se podría aplicar a los funcionarios. Sobre este asunto, Sánchez Luque confió que "al final se extenderá también esa consideración en el sector privado y concertado".

En el plano docente, el sindicato USO se dirigirá al fiscal general del Estado para que reconsidere su posición, ya que "el profesorado debe tener la condición de autoridad" , una cualidad "inherente" que no "emana de su condición de funcionario público".