Edificios en malas condiciones, con humedades y falta de mobiliario básico. Habitaciones comunales de hasta 24 plazas con servicios a la vista que no proporcionan intimidad. Rejas y puertas que se cierran desde fuera con un candado metálico y sin un sistema de apertura inmediata para casos de emergencia. Ni calefacción en invierno ni refrigeración en verano. Ése es el tétrico dibujo que realizan las personas y colectivos que trabajan en el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras de las instalaciones que albergan a las personas con un expediente de expulsión del país. Unas instalaciones que no tienen carácter penitenciario, según el Ministerio del Interior, pero que para las ONG y muchos otros colectivos presentan en muchos sentidos peores condiciones que una cárcel.

Los centros de internamiento de extranjeros nacieron en los años 80 ya acompañados de polémica. Su objetivo es, según Interior, "la custodia cautelar de los extranjeros para garantizar su expulsión o devolución en virtud de expediente administrativo, o la expulsión como medida sustitutiva de una pena privativa de libertad". En la actualidad hay siete en activo en España (el de Tarifa es una extensión del algecireño). Por ellos en 2015 pasaron 6.930 internos, un tercio de ellos por Algeciras, único de Andalucía. No son una excepción española: se calcula que en toda Europa hay unos 280 centros de este tipo.

La mayoría de los internos recluidos en ellos lo están por una infracción administrativa: carecer de permiso de residencia. Es el caso de los migrantes que llegan en patera. En otros casos, se trata de personas que han cometido un delito penado con menos de seis años y esa pena es cambiada por la expulsión del país.

Sobre los centros hay un reguero de críticas de ONG, de los jueces de control, policías, informes de defensores del pueblo autonómicos y nacional… Las denuncias van desde la falta de ropa para los internos, a los que se da una sola muda para todo el periodo que están allí (un máximo de 60 días), a la ausencia de servicios sociales y psicológicos. Se les priva de su libertad deambulatoria, pero también se les retiran los móviles y otras posesiones. Se advierte de la falta de policías y medios suficientes: el Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que con los actuales "no se puede garantizar la seguridad de internos y funcionarios", con una ratio de un agente por cada 10 internos en Algeciras y uno de cada 20 ó 25 en Tarifa. La juez de control de ambos, la titular del Juzgado número 1 de instrucción de Algeciras, acaba de emitir un contundente auto en el que insta a los directores de los centros a tomar una serie de medidas, como la construcción de espacios lúdicos, la supresión de rejas, el suministro de ropa, la eliminación de habitaciones con más de tres internos y la instalación de duchas individuales y wc ocultos a la vista.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido la necesidad de habilitar un nuevo modelo de internamiento de extranjeros. Pero ¿sigue siendo válido el concepto de CIE? Para el delegado del Gobierno, en Andalucía, Antonio Sanz, sí. "Los CIE cumplen una función muy importante en nuestro país, que es de acogida de migrantes".

Hasta la semana pasada habían llegado a las costas andaluzas 581 personas y en 2016 alcanzaron Andalucía en embarcaciones 6.109 migrantes, para 3.369 del año anterior. "Lógicamente tenemos que dar una respuesta a esa situación", remarca Sanz, quien defiende el trabajo que se realiza en los centros frente a las críticas del SUP por la falta de personal y medios: "Se utilizan los medios que se consideran necesarios dentro de la disponibilidad", asegura.

En Algeciras, Sanz recuerda que "hace meses que venimos trabajando el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Algeciras para construir un nuevo centro". La obra carece de plazo, pero una vez que esté culminada supondría dejar atrás las deficientes instalaciones actuales y reunificar los dos centros en uno liberando la Isla de las Palomas de Tarifa, un paraje natural cuyo uso público está ahora cercenado. Además, el CIE de Algeciras está llamado a ser un proyecto "pionero", el primero de ese nuevo modelo de centros que promueve Interior. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo con expertos, ONG y partidos para definir otro modelo de CIE, que dé respuesta "a la nueva magnitud del fenómeno migratorio".

Más allá de las características de los CIE, se plantea una cuestión de fondo: ¿merece una persona que sólo ha cometido una infracción administrativa ser privada de libertad? "Ahora mismo es legal", contesta el fiscal de Extranjería de Algeciras, José Luis Jaudenes. "Otra cuestión es que sea lo más adecuado". Jaudenes coincide con la juez de control en buena parte del diagnóstico.

El fiscal llama la atención sobre el escaso éxito del sistema para lograr la devolución de los extranjeros a su país; menos de la mitad de los internos acaban siendo expulsados. En el caso de Algeciras, se tramitaron 2.367 órdenes judiciales de internamiento en el centro en 2015: sólo 581 personas fueron finalmente expulsadas, menos de una cuarta parte. Ese porcentaje baja aún más en el caso del centro de Tarifa, donde se recluye a los llegados en patera: su identificación es imposible en la mayoría de los casos, en otros no hay convenio con el país de procedencia.

Para Jaudenes se podrían explorar otras opciones que proporciona la Ley de Extranjería. En primer lugar, ante la ausencia de permiso de residencia caben dos opciones sancionadoras: una multa de entre 501 y 10.000 euros o el expediente de expulsión. Y en el caso de que se opte por la expulsión, para garantizar esta no se prevé sólo la posibilidad de internamiento sino que hay opciones como la presentación periódica ante las autoridades, la residencia obligatoria en un lugar determinado, la retirada del pasaporte o cualquier otra medida que el juez estime adecuada. Ahí se abre un mundo de posibilidades. "Podríamos tener imaginación para buscar otras medidas diferentes al internamiento. Por ejemplo, se ha hablado de pisos tutelados", señala el fiscal.

Para Algeciras Acoge, la opción de cerrar los CIE es la única plausible. "Se ha demostrado que la eficacia del internamiento es ínfima", apunta su presidente, Jesús Mancilla. La entidad apuesta por que los extranjeros que llegan en patera sean derivados a pisos tutelados o centros gestionados por ONG. Mancilla apunta además que este sistema supondría un considerable ahorro respecto al gasto que suponen los CIE. Según los últimos datos aportados por Interior, su mantenimiento supone 8,8 millones de euros al año. Hay que sumar el coste de las obras que se ejecutan, que en el caso de Algeciras "han sido para tirar el dinero dado el estado del edificio".

"Los funcionarios de los CIE lo están pasando mal", asegura el portavoz del SUP, Antonio Olivencia. Desde su ámbito, critican la falta de medios con la que tienen que lidiar a diario en unos centros con decenas de personas privadas de su libertad. Los policías no pueden portar pistolas por motivos de seguridad, pero tampoco tienen chalecos. Son pocos en relación al número de internos. Y reclaman un nuevo edificio. También que se agilicen los trámites de expulsión: España marca 60 días como máximo para esa tramitación e Interior destaca que en algunos países europeos esos trámites son de hasta 18 meses. Hasta un año y medio privado de libertad por no tener permiso de residencia para el paraíso europeo.