Caso de los ERE

La Audiencia cierra la posibilidad a ampliar los ex altos cargos acusados de la "pieza política" de los ERE

  • El tribunal reitera que el procedimiento específico es un "entramado jurídico con el que de manera torticera, palmaria y grosera se vulneró" la normativa de subvenciones.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha cerrado la posibilidad a ampliar el número de ex altos cargos acusados en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que están acusados entre otros los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al haber desestimado los dos últimos recursos presentados por el sindicato Manos Limpias, que había pedido el procesamiento de 15 ex altos cargos que en su día fueron exculpados por el juez de refuerzo Álvaro Martín.

El tribunal ha confirmado en dos autos el archivo de la causa contra Francisco García Martínez, ex secretario general de Empleo, y de Juan Luque Alfonso, el que fuera interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta.

Con estos dos recursos desestimados, el juicio de la pieza política de los ERE sentará en el banquillo de los acusados a 25 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

En el auto que confirma la exculpación de Juan Luque Alfonso, la Audiencia señala que de la lectura del auto del 31 de mayo de 2016, donde fue exculpado, el instructor una vez cerrada la instrucción "considera que no ha quedado acreditado que el señor Luque tuviera conocimiento de la tramitación irregular, por no decir contra legem, de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por los que se otorgaban subvenciones mediante la utilización de transferencias de financiación".

Y reitera, como en otros autos anteriores, que el procedimiento específico es un "entramado jurídico creado en el año 2000 y mantenido hasta el año 2009, en el que de manera torticera, palmaria y grosera, se vulneró la legislación en materia de subvenciones para conceder de modo arbitrario ayudas sociolaborales y a empresas en crisis".

Dice el tribunal que en el recurso no se rebaten los argumentos del auto recurrido sobre la "falta de conocimiento" del interventor Juan Luque respecto a los informes de la Intervención General de la Junta que a partir del año 2005 pusieron de manifiesto la "tramitación irregular de las transferencias de financiación" para conceder las subvenciones y aunque la sala reconoce que pude "sorprender" que desconociera esa trama, "del examen en profundidad de la causa y de las diligencias previas 174/2011, se cuenta con declaraciones testificales de las que se desprende esa falta de conocimiento".

Y tras analizar esas declaraciones, el tribunal considera que "con estos mimbres no entendemos acreditado indiciariamente que el señor Luque tuviera conocimiento de esa utilización fraudulenta de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo", por lo que no hay indicios "sólidos" de que pudiera además haber participado en la “creación y mantenimiento” del procedimiento específico.

"Cuestión distinta es que, como dice el Ministerio Fiscal, puedan apreciarse otras responsabilidades penales en la concreta decisión de concesión de ayudas con fondos de la Junta a empresas inmersas en procesos de reestructuración empresarial mediante expedientes de regulación de empleo, así como otras ayudas directas a otras empresas que están siendo objeto de investigación en varias piezas de la causa matriz, para el caso de que en la investigación concreta a dichas empresas se desprenda responsabilidad penal atribuible" al interventor Juan Luque, concluye el auto de la Audiencia.

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