La Audiencia de Cádiz dictó ayer el sobreseimiento de la causa contra la tesorera, María Virtudes Gómez, y el interventor del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), José Antonio López, por el caso del desfalco de la caja municipal, de la que desaparecieron más 7,8 millones entre 2004 y 2009. En una resolución a la que tuvo acceso Efe, la Audiencia gaditana estima el recurso presentado por los abogados defensores de los funcionarios y por la Fiscalía en contra de mantener como investigados a ambos y cree que no se les puede acusar de delito alguna por la inexistencia de dolo.

Los recursos que atiende la Audiencia Provincial consideraban que la actuación de la tesorera y del interventor podía considerarse como una negligencia o malversación involuntaria, puesto que no evitaron que durante siete años, el funcionario Clemente Ruiz, principal acusado, en colaboración con otra cajera, María José Lebrero, sustrajese más de siete millones de euros de la caja municipal de San Fernando, en un desfalco detectado en 2009.

El juez mantiene la imputación del principal acusado del robo de 7,9 millones

La causa sigue abierta sobre el resto de imputados, a pesar de que la titular del juzgado de instrucción de San Fernando intentara cerrarla en un auto de 2017 para poder fijar la fecha del juicio.

La Audiencia atiende aquí también el recurso de la Fiscalía, que reclamaba practicar diligencias pendientes, entre ellas comisiones rogatorias a Marruecos para que declaren como investigados los miembros de la familia Buselhan, supuestos receptores del dinero sustraído, a los que se acusa de posible blanqueo de capitales.

La juez de San Fernando había considerado mejor dividir la causa, de forma que se cerrase la instrucción del desfalco y abrir otra pieza diferente sobre el blanqueo. Pero la Audiencia da la razón a la Fiscalía y considera que, antes de cerrarse y tomar la decisión sobre la división de la causa, se deben practicar esas diligencias pendientes.