Málaga

La Junta abre expedientes para recuperar 25 viviendas okupadas de su parque público

  • Refuerza el control sobre estas casas para entregárselas a familias demandantes inscritas en el registro municipal

El refuerzo de la acción de control sobre las 5.857 viviendas que conforman el parque público residencial en alquiler de la Junta de Andalucía en Málaga, enmarcado en la estrategia de gestión que viene aplicando la Consejería de Fomento y Vivienda sobre dichos inmuebles desde el inicio de la legislatura, he permitido la apertura de un total de 25 expedientes durante 2017 para recuperar la posesión de viviendas okupadas de forma irregular en la provincia.

Buena parte de estos expedientes han sido ya resueltos con la entrega voluntaria de las casas, lo que ha propiciado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de estos inmuebles, poder recuperar 18 viviendas para entregarlas a familias con necesidades que, cumpliendo los requisitos establecidos, han respetado la normativa en materia de adjudicación de vivienda pública y están inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda. Los otros siete expedientes pendientes siguen actualmente su curso y están en tramitación.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, Francisco Fernández España, ha señalado que estas acciones de control sobre el parque público de viviendas "mejoran notablemente los resultados de los dos ejercicios anteriores gracias a la acción de verificación, que además de actualizar la información sobre quienes residen en cada vivienda, nos permite hacer un seguimiento de las condiciones socioeconómicas de esas familias y de sus necesidades para atenderlas adecuadamente".

"Hay que hacer cumplir la legalidad y la decisión de actuar contra las ocupaciones irregulares en el parque autonómico de vivienda es cada vez más firme porque está dando buenos resultados, por lo que vamos a intensificar esta línea de trabajo para avanzar en ese necesario seguimiento de nuestro parque público residencial", ha expuesto en un comunicado.

Fernández España ha recordado que "la estrategia de gestión que está desarrollando AVRA viene a reforzar la función social de la vivienda que fija la ley 4/2013, que trata de atender las necesidades habitacionales de las familias inscritas en los registros municipales de demandantes".

Ha indicado que son familias "con dificultades, en muchos casos extremas, a las que debe reservarse el uso de las viviendas públicas. Por eso, es necesario recuperar todas aquellas que están ocupadas de forma irregular, para ponerlas a disposición de quienes realmente las necesitan y que además, cumplen la legalidad". 

A la acción contra la okupación, AVRA suma otras actuaciones para regularizar la tenencia de vivienda pública en alquiler, como las subrogaciones y los cambios de titularidad. La tarea de regularizar la tenencia de viviendas públicas de la Junta en la provincia permitió el pasado año firmar 88 contratos de alquiler con familias que demandaban vivienda protegida en alquiler o estaban en ellas en situación irregular.

Las subrogaciones se aplican a viviendas que tras el fallecimiento del titular, son demandadas para sí por familiares que, para acceder a ellas, deben cumplir los requisitos que establece la normativa reguladora. Los expedientes de cambio de titularidad se realizan sobre viviendas de compraventa con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad y benefician a los herederos de los titulares. 

Por otra parte, la estrategia de gestión del parque público autonómico de vivienda está permitiendo, según el delegado, reducir los índices de morosidad de los inquilinos, que se habían incrementado notablemente desde que comenzó la crisis, a finales de la pasada década. La mejora de los niveles de cobro de rentas se tradujo el pasado año en ingresos por importe de 2,1 millones de euros en la provincia de Málaga, ingresos que ayudan a un mejor mantenimiento y conservación del parque residencial.

El parque de vivienda de la Junta proporciona alojamiento a familias con escasos recursos, que abonan rentas reducidas. El 90% de los inquilinos pagan menos de 60 euros mensuales, mientras que el 93% no llega a los 100 euros de renta. Pese a ello, hay familias que no pueden hacer frente a sus rentas debido a su precaria situación socioeconómica.

En estos casos, AVRA aplica medidas para facilitar el cumplimiento de la obligación de pago de la renta, como la minoración de la cuantía de las mismas a familias que acrediten su incapacidad económica para hacer frente al recibo mensual de alquiler.

Como consecuencia de la aplicación de todas estas medidas, el nivel de recaudación de rentas se ha ido incrementando en los últimos tres ejercicios, pasando de 1,91 millones de euros en 2015 a 2,17 millones en 2017. La mejora del nivel de ingresos por rentas que está experimentando el parque público de vivienda de de la Junta permite disponer de más recursos para atender la conservación y mantenimiento de los edificios que lo conforman.

Durante los tres años transcurridos de esta legislatura se han podido ejecutar obras de rehabilitación y reparaciones que en la provincia de Málaga han supuesto una inversión de casi tres millones de euros, la mayor parte de ella en las cuatro áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU) declaradas: Centro Histórico, Trinidad Perchel y La Corta, en la capital, y el centro histórico de Casares.

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